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Política Viva

Oscuro y Huele a Queso


La jueza Marta María Rosario, del Centro Judicial de Arecibo, encontró culpable a la ginecóloga Cynthia Galinaltis de delito menos grave de homicidio negligente de su hijo, Julián Pereira Galinaltis, quien murió asfixiado cuando lo olvidó por cerca de seis horas en la guagua en que viajaban, la sentencia no será hasta el mes de julio. Cuando ocurren casos como estos en el País los evalúo con cautela y sensibilidad. La muerte de un hijo, afecta la vida de un padre para SIEMPRE -jamás se vuelve hacer el mismo- y ni hablar del entorno familiar. No recuerdo que nadie haya cumplido cárcel por muerte de hijos en circunstancias similares o comparables. Esta mujer no creo que la condenen a cumplir cárcel. Lleva la cárcel en su conciencia y en su corazón por muchos años por venir. Creo que fue negligente, no fue su intención matar a su hijo ni creo que represente un peligro para la sociedad. Es mi deseo que haya bálsamo y medicina en los corazones de esta familia, sanidad y restauración también. Espero que la sentencia sea una justa, por el bienestar de los dos menores que le sobrevive a este matrimonio y por el bienestar de toda la familia, no merecen menos.

En Política Viva, seguiremos este caso.

Ahora, pasamos al tema que nos ocupa...

Los hallazgos que se conocen al momento de la pesquisa sobre el fraude electoral en Guaynabo apuntan a la configuración de una gama enorme de delitos, que van desde conspiración, violaciones al Código Penal de Puerto Rico por delitos contra la función y la fe pública. Violaciones al ordenamiento electoral: La ley dice que toda persona que a sabiendas y fraudulentamente obrare en contravención de las disposiciones del Código Electoral incurrirá en delito menos grave que conlleva una pena de cárcel de hasta seis meses y una multa de hasta $500. Alteración de documentos electorales: La ley dice que toda persona que sin la debida autorización de ley o teniéndola interviniera con material electoral alterara actas de votación, listas de electores, papeletas incurrirá en delito grave de tercer grado que conlleva una pena de cárcel de hasta tres años y multa. Delito de inscripción: La ley dice que toda persona que se hiciere o dejare inscribir en el Registro General de Electores a sabiendas de que no tiene derecho a tal inscripción de que la misma está basada en hechos falsos incurirrá en delito grave. Este ramillete de violaciones se llevó acabo en Guaynabo.

Ante este panorama, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, tendría la obligación de proceder a presentar cargos contra los responsables del fraude sin dilación alguna, pero el secretario está durmiendo el sueño del justo. Todo indica que hubo actos intencionales, coordinados y concertados, un escenario de conspiración y de coautoría de delitos. Existieron colaboradores en el esquema y el colaborador no es necesariamente el que incurrió en la comisión del delito, pero es una persona cuyos actos facilitan y viabilizan la actividad delictiva. En otras palabras, el colaborador es todo aquel que se hizo de la vista larga cuando tenía un deber de actuar en un momento dado. Todo aquel que tenía ese deber y no actuó y optó por la indiferencia es un colaborador del delito y quedó plasmado. La conspiración tenía el propósito de beneficiar al aspirante Antonio "Tony" Soto, quien preside la Asamblea Municipal de Guaynabo y era el favotito del alcalde Héctor O'Neill. Ciertamente éste escándalo es motivo suficiente para descalificar al candidato Soto de esta contienda primarista y que el PNP le pida la renuncia al alcalde O'Neill, ambos fueron los gestores de este esquema de fraude, de lo visto se perfilan crímenes, y no debe quedar impune, pero me atrevería a decir que no van a ser investigados.

El País en pleno está indignado, con los partidos y sus candidatos políticos. ¿Qué instrumento tiene el elector para modificar ese estado de cosas? Utilizar la sabiduría a la hora de emitir su voto, estos seres que están dispuestos a plastar cualquier voluntad que no sea la suya, no pueden ocupar un lugar en el servicio público, punto. Puerto Rico tiene que velar que cada uno de los senadores y representantes, aspirantes a puestos electivos no sólo cumplan con todos los requisitos que la ley dispone, sino que representen cabalmente los más altos estándares que nuestro país exige a todos los que aspiren a representar a nuestro pueblo en una posición electiva. Medite... llegó el momento.

En Política Viva, le daremos continuidad a éste fraude electoral.
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