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FARSA
Que en el País no hay oposición, es algo que se sabe. Pero que ni siquiera haya un ápice de rebeldía, un tímido destello de amor propio para plantarle cara a los absurdos del Gobierno, es algo que resulta imperdonable. Uno no quisiera mirar hacia el Capitolio, ni hablar más de esos temas. Pero lo de reducir escaños en la asamblea legislativa, esa pantomima que ni resuelve nada ni demuestra nada, es uno de los espectáculos más cínicos en los últimos tiempos. Más que la enmienda en sí, lo que irrita es la manera en que pisotean a la opinión pública; la prepotencia con que actúan, convencidos de que nada les va a pasar y volverán a salir electos. La enmienda es una farsa. Supuestamente nos harán el favor de eliminar un puñado de escaños en la Cámara y otro puñadito en el Senado. Pero no ahora, nadie se haga ilusiones. Será para después, lo que les dará tiempo de pulir el retiro o de blindarse económicamente. Si en Puerto Rico hubiera indignados -los hay, de hecho, pero no se sabe cuántos-, gente que decidiera de verdad plantarse en el lugar más degradado de la sociedad y hacer valer su coraje frente a los que, de manera constante, desdeñan o insultan su inteligencia, tendrían que levantar el campamento frente al Capitolio. Lo que se ha hecho allí en los últimos meses rebasa todos los límites del absurdo y de la mala fe, un hoyo negro que merece una cadena desafiante de indignación. ¿Por qué mejor no le quitamos las dietas, los autos y los celulares, entre otros beneficios y privilegios? No hay que enmendar la constitución para eso. Por supuesto, cualquier candidato o precandidato que no esté conforme con lo que desee el pueblo, entonces que retire su candidatura y que se vaya a su casa.

El domingo 19 de agosto sabremos si el puertorriqueño utiliza el discernimiento y el pensamiento crítico en las urnas. Si votan para limitar el derecho a la fianza y reducir la representatividad del pueblo en el Gobierno, tendremos menos democracia.

Sobre el derecho constitucional a la fianza, casi todo se ha dicho, se ha escrito, se ha imaginado o se ha inventado, pero el pueblo de Puerto Rico no debe olvidar que es un derecho fundamental reconocido en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al ser un derecho constitucional estatuido en nuestra Carta de Derechos, éste goza de la más alta importancia y valía dentro de la jerarquía de derechos que ostenta toda persona en Puerto Rico. A su vez, como todo derecho fundamental de raigambre constitucional, éste tiene como finalidad última la protección del ciudadano y ciudadana contra los abusos y excesos del Estado. Los ciudadanos deben comprender que no existe alguna relación entre el derecho a la fianza y la alta incidencia criminal que vive Puerto Rico. No se justifica una enmienda constitucional para intentar frenar la alta incidencia criminal. Los puertorriqueños no pueden ceder derechos ante un Estado imperfecto que se caracteriza por el abuso de poder, la corrupción y los excesos contra los más necesitados y marginados.

En Política Viva hemos discutido que la limitación a la Fianza no resuelve el problema de la criminalidad en Puerto Rico. Para hacerle frente a la criminalidad, el Gobierno debe atender con sentido de urgencia la crisis social. Hay que mejorar las condiciones de la calidad de vida de los ciudadanos, ofrecer con equidad los recursos del país, y mejorar la calidad de la educación, es de la única manera que volverá la paz al pueblo. Esta medida no tendrá efecto en la criminalidad de la isla, los males son otros. El crimen no comienza en el punto, allí se expresa. El crimen comienza en el abrazo ahorrado, en la cuna ignorada, en el libro no leído, en el pupitre vacío, en el silencio de los corazones. Es un fenómeno complejo porque nos retrata por dentro, es el efecto terminal de una herida que nunca ha sanado. Ningún ser humano nace con la necesidad ni con las ganas de matar a nadie. Los asesinos se hacen, se "crian", se "educan" en nuestra sociedad -aquí con nosotros en nuestro País. Son de nuestras familias, vecindarios, comunidades y pueblos. Para que aprendan a valorar y a respetar la vida (la propia y la de los demás), algo importante debemos de cambiar en la manera en que criamos y educamos. Esa tendría que ser la prioridad de esta patria nuestra que tanto amamos.

El gobierno ha hecho alianzas, aprovechándose del miedo que sienten los ciudadanos y apostando al voto del elector conservador del País. ¿Dónde dejamos la presunción de inocencia que se le debe dar a todo imputado de un delito que todavía no ha sido convicto? Esta presunción sólo puede ser refutada con prueba más allá de duda razonable, conforme al debido proceso de ley. Los Derechos Humanos son y deben ser progresivos, de aquí a la Pena de Muerte estamos a un paso. La Constitución no debe ser enmendada para eliminar derechos fundamentales como la fianza. No es renunciando al derecho a la fianza que se va a combatir la criminalidad en el País, no es limitando derechos, que se ofrece mayor seguridad a la isla.

Educar tiene un riesgo. Lo saben perfectamente aquéllos que dejan las huellas de la mediocridad.

Amigos, que continúe el buen hacer. Hasta la semana próxima con una aportación adicional de, Política Viva...
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